jueves, 4 de enero de 2018

DE ESTO NO SE HABLA...

Algo "livianito" para leer en la playa...

"De esto no se habla..."
Por Lara Ronín
Impolíticamente correcta

(Bs. As.)- Pensar la ESMA de manera diferente al relato oficial parece una tarea que nadie quiere realizar seriamente, por cierto es más fácil repetir los latiguillos que tan efectivamente se han impuesto en los medios desde hace más de 30 años.

Sin embargo, indagar en los hechos, las circunstancias y los intereses que convergieron para que la ESMA adquiera el estatus que hoy detenta, abre una perspectiva más cercana a una realidad que se niega sistemáticamente, pero aflora en cuanto se intenta un análisis más profundo de las vicisitudes acontecidas.

Una de las razones por la cual es posible tener una perspectiva diferente, se reveló en el segundo tramo del juicio ESMA y se amplió en el tercero, y es indudablemente una consecuencia de la política distintiva que llevó adelante la ESMA.

De acuerdo con las fuentes consultadas y las revelaciones de los debates orales, fueron las actitudes de dos detenidos provenientes de Montoneros, Alfredo Buzalino y Marta Álvarez, quienes a mediados de 1976 dieron al jefe del centro, el almirante Chamorro, los primeros parámetros apropiados para reprimir al terrorismo de manera eficaz y diferenciada.

Esta práctica, le permitió a Chamorro, ordenar acciones militares exclusivamente sobre miembros de la organización Montoneros. Primero Buzzalino y luego Marta Álvarez de una larga lista de colaboradores, que alentaron modificaciones tácticas y estratégicas y favorecieron nuevas modalidades de lucha contra el terrorismo, a las que la ESMA se adaptó rápidamente buscando minimizar de manera drástica daños a terceros, tal como lo explicó Chamorro, en una indagatoria en los ’80, determinado a no afectar a la población civil.

Había nacido el colaboracionismo, que terminaría transformando a los ex montoneros en agentes de inteligencia de la marina.

Chamorro encontró la manera de mantener, dentro de un esquema de colaboración, a un número creciente de detenidos, sin grandes cuestionamientos por parte de sus superiores, que lo inspeccionaban de manera regular.

Como todos los comandantes militares, sabía de la urgencia para controlar la situación de violencia.

La directiva 01/75 del Consejo de Seguridad establecía: “La ofensiva deberá Lograr antes de finalizar el año 1975 una disminución notable del accionar subversivo y transformar a la subversión en un tema de naturaleza policial para fines de 1976”. Por obvio, ello llevaba implícito acciones muy cruentas tal como lo había decidido Ítalo Luder en una reunión reservada mantenida con los Comandantes Militares.

Para Chamorro el camino de los colaboradores fue la llave para reducir las hostilidades con claro ahorro en víctimas, personal, tiempo y medios.

La ESMA destinó un esfuerzo importante para mantener los colaboradores haciéndose cargo de todas sus necesidades.

La testigo María Eva Bernst de Hansen detenida en la ESMA a principios de 1978, en su testimonio ante la CONADEP ratificado ante sede judicial, dijo: “que tiempo antes de salir (de la ESMA) la dicente, le fue conseguido un trabajo afuera como encargada de un negocio de venta de calzado, llamado calzados Valeria en una galería de Villa Ballester, (…) que antes de que fuera a trabajar le compraron ropa, es decir le dieron plata y la acompañaron a comprar ropa para que pudiera estar presentable en el trabajo”.

Tales prácticas le permitieron a la ESMA trabajar de un modo diferente al de la media de otras unidades militares. El resultado no se hizo esperar, la ESMA comenzó a llegar a los lugares más secretos de Montoneros, entre los que se encontraba el Área Federal, verdadero corazón de la Conducción Superior de Montoneros y por ende de la logística de la organización.

Sin embargo, quedó aprisionada por su propia y eficaz política. Pues incapaz de otorgar un salvo conducto efectivo como parte de la negociación con cada colaborador, una parte importante optó por ubicarlos en el extranjero para su seguridad.

La decisión parecía razonable, pero no evaluaron las consecuencias de encontrarse con la militancia de Montoneros y el remanente de la Conducción Nacional de la organización, quienes los acusaron de traidores.

Durante un tiempo sobrellevaron el peso de la traición sobre sus hombros, hasta que la conducción de Montoneros decidió cambiar la estrategia y los acogió para su provecho político como víctimas de la dictadura, con la finalidad de utilizarlos en beneficio de sus últimas aventuras militares, la contraofensiva de los años ‘79 y ‘80.

Su primer acto fue una conferencia de prensa de tres ex colaboradoras de la ESMA, Ana María Martí, Sara Solarz de Osatinsky y Alicia Milia de Pirles, en la sede de la asamblea francesa en París en octubre de 1979, coordinada por la Conducción Nacional de Montoneros y estructurada por Eduardo Luis Duhalde en Madrid con la finalidad de ocultar a la opinión pública europea los ataques a la población civil de la contraofensiva en Buenos Aires, que victimizaron a los civiles Juan Aleman, Guillermo Walter Klein y el empresario de origen suizo, Francisco Soldati.

Ya en su nuevo rol de víctimas, los colaboradores no sólo se reivindicaron a sí mismos, extendieron también el efecto reivindicativo a toda la organización y se convirtieron en testigos claves y bien dispuestos para la etapa de juicios que abrió el kirchnerismo.

Esta son algunas de las fotos de los colaboradores de la ESMA ofrecidas durante los debates orales. Lo más notable es que los jueces las observaron y pese a estar comprometidos en las generales de ley por su manifiesta intención punitiva en el resultado del juicio, los testimonios de los colaboradores al momento de valorar prueba fueron considerados determinantes para las condenas impuestas. Poco serio.


Qué puede esperarse de un colaborador con sentimiento de culpa por su condición de traidor a la militancia que ahora lo convoca a declarar como testigo. ¿Va a declarar la verdad o responderá a los intereses punitivos de la militancia?

La victimización de los militantes de montoneros fue acompañada por más de 20 leyes nacionales de reparación que distribuyeron más de 11.000.000.000 de dólares según un estudio preliminar y parcial, realizado por una ONG, basado en cifras oficiales, que llegó a manos del ministro Garavano.

Ello pone en evidencia en inmenso negocio de los derechos humanos, a lo que se debe agregar el costo multimillonario de los juicios de “lesa humanidad”.

Es preocupante que Marcos “Naif” Peña ignore la falta de seguridad jurídica que constituyen este tipo de juicios en un país que pretende sentarse en la mesa del G-20. Así como el hecho de que se mantenga el gasto millonario de estos procesos y se pretenda continuar invirtiendo en el plan de derechos humanos, que sólo le importa a una minoría, mientras se pretende hacer economía con los jubilados.



Abogados Defensores De Derechos Humanos de Latinoamérica

No hay comentarios:

Publicar un comentario