miércoles, 28 de febrero de 2018

LESA HUMANIDAD


por Juan Luis Gallardo

Numerosos militares y policías están en la cárcel -varios de ellos padeciendo una interminable prisión preventiva- imputados de haber cometido los llamados delitos de lesa humanidad. Mientras tanto, quienes fueron sus adversarios en la lucha entablada durante los años 70, no sólo gozan de total libertad sino que, además, muchos de ellos han ocupado importantes cargos públicos. Tal asimetría y la importancia del tema en sí mismo justifican abordarlo, no obstante tratarse de un asunto espinoso.

En primer lugar ¿por qué estos hombres están presos, pese a las amnistías e indultos dictados sobre el particular y no obstante hallarse prescriptos tales delitos al momento de iniciarse los respectivos procesos? Pues, precisamente, por habérselos considerados delitos de lesa humanidad, a los que no cabe aplicar amnistías ni indultos, amén de ser tenidos por imprescriptibles.

Esta modalidad de juzgar hechos en base a leyes que no existían al momento de ocurrir los mismos, tuvo su origen en los juicios seguidos en Nüremberg contra los jerarcas germanos, donde se aplicaron normas retroactivamente, aberración jurídica que permitió que los encausados fueran condenados a muerte y ahorcados en consecuencia.

Si bien en el caso que nos ocupa no fueron invocados como antecedente los juicios de Nüremberg sino los acuerdos de París, que crearon la figura de los delitos de lesa humanidad con posterioridad a su presunta comisión por parte de los represores en los llamados años de plomo, es claro que aquéllos configuran el antecedente natural de éstos.

Pero, en tren de señalar irregularidades, es preciso agregar otras, decididamente groseras. Y que consisten en que los delitos de lesa humanidad definidos en París requieren una condición previa e ineludible: que se trate de un genocidio y que esté dirigido contra la población civil.

A fin de sugerir la existencia de un genocidio se infló desmesuradamente la cifra de los desaparecidos, hasta alcanzar el número de 30.000, mínimo necesario para ello. Y esa cifra es falsa de toda falsedad, como lo declaró honradamente el autor de la misma, señor Labraña, ex guerrillero.

Es falsa, aunque la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, haya propiciado una ley mediante la cual se transformó en delito todo intento de contradecir dicha cifra. Como si los datos históricos pudieran establecerse por ley y pese a que la gobernadora no puede ignorar que ha conferido respaldo legal a un embuste grande como una casa, que contradice incluso lo establecido por la CONADEP que, pese a haber inflado el número, habló de 9.000 y pico de desaparecidos.

Tampoco la represión tuvo lugar contra la población civil, ya que los guerrilleros estaban organizados militarmente, tenían grados castrenses y aplicaba internamente una justicia militar, a raíz de la cual llegaron a ejecutar a algunos camaradas por considerarlos traidores.

Supongo que nada de lo hasta aquí expresado  sea desconocido por los jueces que juzgaron a los represores ni por la Corte Suprema de Justicia, autora de la jurisprudencia aplicada dócilmente por los mismos. Y ya es hora de poner fin a esta situación irregular.



NOTA: Los destacados no corresponden a la nota original.

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