jueves, 31 de mayo de 2018

La verdad sobre el pedido de detención de 26 veteranos de guerra de Malvinas

La revista noticias publicó el pasado 16 de mayo un artículo firmado por Daniela Gian que daba cuenta del pedido de detención para 26 militares acusados de cometer torturas en Malvinas. La nota tomaba como fuente supuestamente al fiscal de Río Grande, Marcelo Rapoport, y reproducía un testimonio con detalles de esas torturas aportadas por una presunta víctima del caso cuya identidad no se daba a conocer. Lo curioso es que esa única cita, al final, era extrañamente atribuida a "relatos" (en plural) de "algunos de los 120 ex combatientes de Malvinas", a los que tampoco se identificaba.
Al parecer, no es lo único controvertido de ese caso. El desarrollo de la propia causa judicial también lo es, a juzgar por una carta que recibimos de los generales retirados Juan Miguel Giuliano, David Comini, Luis Cloux y Jorge Olivera. A continuación, el texto de esa carta:


La causa judicial se inició en la provincia de Corrientes en el año 2007, a instancias del subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, doctor Pablo Vassel, con la adhesión de algunos ex soldados combatientes, quienes fueron instigados, manipulados y preparados para efectuar denuncias de supuestas torturas, malos tratos y abuso de autoridad por parte de cuadros integrantes de la fuerza de tareas “Yapeyú” desplegada en la Isla Gran Malvina. La Causa fue radicada en el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, por razones de Jurisdicción, quedando claro desde su inicio que las verdaderas motivaciones de los denunciantes fueron de índole económica, mezclada con una evidente intencionalidad política de desprestigio de los cuadros de las Fuerzas Armadas.
Los supuestos delitos fueron declarados crímenes de Lesa Humanidad y por lo tanto imprescriptibles por el juez de primera instancia, y ratificado en el año 2009 ante el recurso de apelación interpuesto por la defensa, por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Este fallo fue a la vez recurrido por la defensa ante la Cámara de Casación Penal, cuya sala I dictaminó en un fallo del año 2009 que los hechos denunciados no constituyen delitos de Lesa Humanidad y que por lo tanto las acciones penales están prescriptas.
Con posterioridad, el Procurador General de la Nación revoca el fallo de Casación y deriva el juzgamiento de los imputados a la Corte Suprema de Justicia, que por un fallo del año 2015 ratificó la sentencia de la Cámara de Casación declarando prescripta la acción penal, con lo que cerró definitivamente el caso. Ya en el año 2011, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, en línea con lo fijado por sus superiores de Casación, había firmado la prescripción de la Causa.
Pese a que, por todo lo expuesto precedentemente, debe considerarse la prescripción como "cosa juzgada", el Centro de ex Combatientes de La Plata, con el apoyo del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, adujo que a raíz de la desclasificación de los archivos de la Guerra de Malvinas en el año 2015 surgieron nuevos elementos de prueba, y pidió la reapertura de la Causa, por lo cual , en el presente mes, el fiscal federal de Río Grande solicita la detención y declaración indagatoria de veintiséis militares.
Como consecuencia de esta medida, han vuelto a surgir testimonios de ex soldados combatientes que denuncian que habían sido manipulados y engañados con falsa promesas de resarcimiento económico para acusar a sus superiores, con expresiones tales como: “Se necesitan dos que afirmen que Pedro fue estaqueado, cuando lo llamen a Pedro, si lo desmiente, afirmaremos que es por miedo”.
Finalmente es importante destacar que los delitos que pudieran cometerse por el personal militar involucrado en acciones de guerra deben ser juzgados de acuerdo con el Derecho en la Guerra, más conocido por Derecho Internacional Humanitario, y por sus autoridades de aplicación, es decir, jueces militares, Consejos de Guerra Ordinarios y Especiales, Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, etc, encuadrados en el Código de Justicia Militar plenamente vigente entonces. El juzgamiento ocurrido es claramente violatorio de la Constitución Nacional que establece la prohibición de juzgamiento por jueces que no sean los naturales.

C.A.B.A. mayo de 2018.

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