miércoles, 13 de junio de 2018

Nuevo rol del Ejército: el espejo de México



Mientras el gobierno de Mauricio Macri define por estas horas el contenido del decreto que supondrá un nuevo rol a las Fuerzas Armadas, y su posible participación en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, es bueno mirarse en el espejo de lo que está sucediendo en otros países que ya apelaron a esa decisión para saber a qué atenerse.
Hace unos días recordábamos lo sucedido en febrero último en Brasil, donde -apenas una semana después de que se decretara la intervención del Ejército en asuntos de seguridad en Río de Janeiro- la Defensoría Pública de ese estado ya acusó de violaciones a los derechos humanos a los militares que participaron en un operativo por haber elaborado fichas con datos y fotos de los habitantes de las favelas.
Ahora es el turno de México. Según un despacho de la agencia de noticias española Efe, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) entregó el lunes pasado un informe ante la Corte Penal Internacional (CPI) en el que denuncia crímenes de lesa humanidad cometidos supuestamente por militares en el estado de Chihuahua entre 2008 y 2010.
El despliegue de soldados en las calles formó parte de la Operación Conjunta Chihuahua y se enmarcó en la llamada guerra contra el narcotráfico, término acuñado durante el Gobierno del presidente Felipe Calderón.
La operación supuso "una intervención masiva de las fuerzas armadas en la seguridad pública", dijo en una rueda de prensa el secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos (Red TDT), Fernando Ríos, organización mexicana que forma parte de la FIDH y ha promovido la denuncia.
Buena parte de las víctimas son de Ciudad Juárez, a menos de diez kilómetros de la frontera con Estados Unidos y punto caliente de la ruta de la droga hacia el país vecino.
El informe denuncia que los soldados cometieron asesinatos, torturas, privaciones de libertad, desapariciones forzadas y violaciones contra unos 120 civiles, los cuales eran vistos por el operativo militar como sospechosos de estar relacionados con el narcotráfico.
El documento incluye testimonios que relatan con crudeza palizas, asaltos sexuales y retenciones arbitrarias cometidas, supuestamente, por las fuerzas de seguridad.
Muchas de las víctimas no mortales -el informe calcula que hubo al menos 20 fallecidos- fueron liberadas tras meses de cautiverio en instalaciones militares, después de que las pruebas presentadas contra ellas se considerasen insuficientes por parte de los jueces, según se denuncia en el informe.
"Estos actos serios fueron consistentemente presentados como casos aislados, como 'víctimas civiles', 'daños colaterales' o actos de 'algunas manzanas podridas', en el contexto de una "estrategia efectiva" de una lucha frontal contra las bandas de narcotraficantes", señaló la FIDH en el documento remitido a la CPI.
Sin embargo, hay "elementos claros de patrones y de una política que permitió, toleró e incluso promovió la comisión de delitos" en Chihuahua, denunció José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos.
La FIDH explicó que han existido "escasas investigaciones, juicios y condenas contra el personal militar en el nivel medio de la cadena de comando".
Añadió que esas pesquisas no han perseguido "a los mayores responsables, como los miembros de mayor rango militar y civil que diseñaron, permitieron y ayudaron a una política que resultaría en la comisión sistemática de crímenes".
Por estas razones, las ONGs pidieron a la CPI que abra un examen preliminar para analizar la situación en México y considere, eventualmente, abrir una investigación formal.
Según estadísticas oficiales, el número de homicidios subió drásticamente durante el operativo militar, pues pasó de 517 en 2007 a 6.407 en 2010, año en el que los soldados se retiraron de las calles de Chihuahua.
Según denunció la FIDH, ese aumento se debió a "la presión" que recibieron las autoridades para "mostrar resultados" de la efectividad del Operativo Conjunto Chihuahua.
La violencia disminuyó cuando el operativo militar se retiró y la seguridad pasó a manos de la policía federal, pero actualmente sigue por encima de los niveles de 2007.
El documento presentado hoy se basa en datos obtenidos a través de fuentes gubernamentales, artículos periodísticos e informes redactados por instituciones académicas y organizaciones mexicanas de la sociedad civil.
La denuncia del lunes es la tercera presentada por la FIDH contra México: la primera fue en 2014, por ataques contra la población civil en Baja California, y la segunda, el año pasado por supuestos crímenes de lesa humanidad en Coahuila.

1 comentario:

  1. El artículo sobre el nuevo rol del Ejército, caso México, no es bueno y es justo lo que dice y quiere todo el zurdaje vernáculo.
    Es el clásico argumento para justificar que se aleje al Ejército del "marco interno", lo que equivale a decir que quede sin hacer nada en el "marco externo"; por lo tanto no debe prepararse para la guerra asimétrica o híbrida, sólo para una guerra convencional, que, obviamente, no lo pueden hacer grupos guerrilleros terroristas, sólo los Estados (doctrina Garré)).
    El tema no es si interviene o no. El tema es "como" y "en qué condiciones" interviene; como también, si se "preparó y equipó" para eso.
    Cuidado...
    Un abrazo

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